Desde hace más de 500 años los países occidentales se han dedicado a esquilmar los recursos naturales de los "países pobres" y, en "sus" colonias, utilizaron mano de obra forzada o esclava para enriquecer a sus élites, empobreciendo así a aquellas. El reparto arbitrario de fronteras (como en la Conferencia de Berlín para África) destruyó estructuras sociales e impuso divisiones que provocaron conflictos étnicos y civiles que duran a día de hoy. Cuando terminó el colonialismo clásico, el capitalismo impuso el neocolonialismo económico, donde las instituciones financieras internacionales y los tratados de libre comercio a menudo favorecen a las empresas occidentales, manteniendo a los países en desarrollo como simples proveedores de materia prima barata. Y, por si fuera poco, los intereses geoestratégicos, económicos y políticos de las potencias occidentales han provocado continuas intervenciones militares, directas o indirectas, en regiones como África, Medio Oriente o América Latina, que desestabilizaron gobiernos para instalar corruptas dictaduras, dañaron infraestructuras y crearon crisis humanitarias que forzaron migraciones masivas. Solo tenemos que pensar en Irak, Siria, Libia, Líbano, Afganistán o muchos países de África o América Latina. Gobiernos y grandes multinacionales occidentales siguen saqueando los recursos de estos países y, a cambio, dejamos a sus poblaciones a merced de la miseria, la violencia y el dolor. Ahora, empujada por el auge de la miserable e inhumana ultraderecha, Europa restringe sus posibilidades de entrada, endurece las condiciones de estancia y admite los procesos de expulsión masiva. Pero hasta los más recalcitrantes adeptos de la estúpida teoría del Gran Reemplazo, saben que, aunque solo sea como mano de obra barata, los inmigrantes son imprescindibles. Ellos se debe al descarado uso de la inmigración con fines electoralistas. Pero también a algo que no nos cuentan: No es solo que "no quieran que lleguen". Es que, sobre todo, "no quieren que salgan". Las políticas extractivas neocoloniales exigen mantener en los países pobres grandes bolsas de mano de obra necesitada para que sea muy barata. Y si la bolsa se desinfla las empresas neocoloniales tendrían que subir los salarios. Además, los inmigrantes que trabajan en países que reconocen derechos laborales, son un mal ejemplo para los que se quedan. Y, por último, las remesas de los inmigrantes favorecen la posibilidad de crear "bolsas de resistencia" en hipotéticos conflictos laborales. Malas noticias para las empresas saqueadoras. Así, a los emigrantes de ahora, los náufragos de la globalización, los echamos de aquí para que puedan ser más y mejor explotados allí. Privatización de las fronteras, criminalización del migrante, subcontrata en países vecinos y un cínico mensaje: lo hacemos para mejorar la vida de los nacionales. Quizás por eso han pulverizado el estado del bienestar, machacan los servicios públicos, se oponen a la mejora de salarios o pensiones, sueñan con retrotraer los derechos laborales a los años 60 o no mueven un dedo para solucionar el problema de la vivienda. A ver si la gente se entera de que el enemigo viaja en yate o avión privado, no en patera.
viernes, 12 de junio de 2026
jueves, 11 de junio de 2026
Oficio: apuntalar fragilidades.
Lawfare español not is diferent
El caso de Lula da Silva en Brasil es el ejemplo perfecto de "lawfare": acabó en la cárcel en 2018 por cargos de corrupción que le impidieron competir en las elecciones pero, luego, el Tribunal Supremo anuló las condenas por la parcialidad e irregularidades en el proceso. El "trabajo ya estaba hecho". Procesos similares de "guerra jurídica" vimos también contra Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Gustavo Petro o Evo Morales. El modus operandi es siempre el mismo: operaciones desarrolladas al unísono por parte del poder judicial, la cúpula del ministerio fiscal y la policía judicial, con el apoyo incondicional de grandes medios del país y -que curioso- la colaboración de diversas agencias del Gobierno de EEUU. ¿A qué me suena a mi esto?. Aquí hay un interés evidente por derribar al presidente del gobierno, sea como sea. La técnica de lawfare aplicada en América Latina y que parecen seguir también los jueces en España, consiste en la apertura de juicios a partir de informes policiales indiciarios y confusos –o directamente poco fiables– cuyos autos de acusación por lo general carecen de pruebas determinantes de los delitos de que acusan, mientras que están repletos de afirmaciones rimbombantes de culpabilidad desde sus primeras líneas. La filtración a medios de comunicación afines de dichos informes policiales y autos judiciales, la participación de instituciones internacionales en las investigaciones o el sensacionalismo de las diligencias de entrada y registro, son usadas hasta la saciedad. Se establecen, además, conclusiones urgentes de culpabilidad a partir de meros indicios, optando por juicios inquisitoriales basados en suposiciones, de la Policía Federal, en Brasil, o de la UCO o la UDEF, en España. Para los interesados en que los procesos prosperen, el resultado final es lo de menos, pues saben que la "pena de telediario" desgasta más al adversario. Tampoco importan salvaguardas procesales como el principio contradictorio, la presunción de inocencia, el debate entre las partes, o la garantía de un juez imparcial. No, qué va. La culpabilidad está previamente decidida y el objetivo es crear un clamor de venganza en la sociedad que lleve indefectiblemente a la condena moral y política del acusado. En el proceso penal del espectáculo, el uso de la suposición prevalece en detrimento del conocimiento, el discurso usado tiene por objetivo agradar a las masas receptivas, los hechos son presentados con tintes sensacionalistas, como un duelo entre el bien y el mal y, para atender a los deseos de la audiencia, el juez puede castigar a "los malos". El objetivo es obtener una condena anticipada a través del shock social. El partido de Podemos fue laminado políticamente a partir de 33 querellas judiciales contra él o sus principales dirigentes. Hasta 2023 el Tribunal Supremo ha archivado un total de 29 querellas y las que siguen abiertas correrán la misma suerte. Pero el trabajo ya está hecho. Hoy Podemos está amortizado, igual que Baltasar Garzón, igual que el ex Fiscal general del Estado. Pronto lo estarán también Zapatero y Sánchez.