"La Junta de Andalucía aprueba la LUPA, una ley universitaria al servicio de la privatización"; "Ayuso gasta más de un millón de euros en privatizar la gestión de becas de Educación"; "La Junta quiere privatizar el servicio de ambulancias en Huelva"; "La crisis de los cribados de cáncer en Andalucía pone en cuestión la privatización sanitaria"... Todos los días nos desayunamos con titulares como éstos. Mientras nos agotamos en polémicas absurdas, como la de si mover o no el Guernica; mientras nos inducen a enfrentarnos con problemas sobredimensionados como la inmigración o la okupación; mientras nos vuelven a servir debates tan estériles como rancios, caso del aborto o la eutanasia..., ellos se dedican a desmantelar el estado del bienestar por la vía de la privatización. Da igual que la llamen "externalización" de servicios o "colaboración público-privada". Es un saqueo del Estado. Se pone en manos del negocio privado lo que es de todos, pues todos lo hemos pagado con nuestros impuestos. La privatización afecta especialmente a la sanidad, con aumentos en derivaciones a clínicas privadas que, en absoluto frenan el aumento de listas de espera. Pero también a las residencias de mayores, destacando comunidades como Andalucía y Madrid. Se subcontratan servicios públicos, desde emergencias 112 hasta educación, buscando -dicen- eficiencia y reducir costes. Pero provocan problemas, desigualdad y deterioro de la calidad del servicio público. Su privatización supone, sencillamente, convertir en puro negocio lo que son derechos básicos incluidos en la Constitución. Así, lo que prima e importa es que empresas privadas obtengan el mayor beneficio posible; desde la sanidad y los servicios públicos de todo tipo, hasta los servicios de seguridad y de la justicia. Las subcontrataciones de importes millonarios, que en buena parte se adjudican a dedo, quedan, además, al margen de cualquier control público y, mucho más, cuando las cesiones se hacen por décadas, caso de las concesiones de agua, de limpieza, de recogida de basuras... En los procesos de privatización ganan todos los agentes implicados menos el ciudadano, que está pagando impuestos para que el beneficio de lo que con ellos se crea se lo repartan empresas privadas que, casi siempre, "saben agradecer" convenientemente al que privatiza. Sólo hay que ver la relación entre Quirón Salud y la familia Ayuso. Además de favorecer el negocio privado, el interés por privatizar está en debilitar el sector público, sobre todo porque éste es el último reducto que garantiza el cumplimiento de los derechos laborales, contrarios al deterioro de las condiciones salariales, la inestabilidad y la precarización laboral, el aumento de la carga de trabajo y los riesgos... El empleo público, con su estabilidad en el puesto de trabajo o los derechos de carrera profesional, es muy mal ejemplo para los intereses neoliberales.
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