TEMA 18: ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL
1. El proceso de organización político-administrativa de España.
España es uno de los estados más antiguos de Europa y, sin embargo, sigue la discusión sobre su identidad e incluso sobre su unidad. En la base de la discutible unidad de España hay razones geográficas. España es, ante todo, un país de contrastes geográficos, casi un continente en miniatura. Su territorio está muy compartimentado por el diseño del relieve, y su diversidad potenciada por la variedad física (litológica, edáfica, climática, biogeográfica...) y humana (desigual reparto de población y actividades económicas, notable oposición entre el interior y la periferia...) En definitiva, una geografía que favorece más las diferencias que las uniformidades.
También la historia ejerce el mismo papel. El carácter de España como encrucijada geográfica –entre dos mares y dos continentes- le permitió ser lugar de paso o llegada de numerosos pueblos y culturas (fenicios, griegos, cartagineses, romanos, judíos, musulmanes...) que han dejado su influencia. Nuestra riqueza cultural tiene mucho que ver con todo ello pero, a cambio, se han potenciado las diferencias que contribuyen a la falta de vertebración de España.
La primera organización territorial general de España llega cuando Roma divide Hispania en dos provincias: Citerior y Ulterior. Más tarde, Augusto define tres provincias: Bética, Lusitania y Tarraconensis, subdivididas administrativamente enconventos jurídicos. Esta división es el origen de futuros territorios con personalidad propia: Andalucía, Aragón, Cataluña-Valencia y Extremadura. En el Bajo Imperio Hispania se articuló en seis provincias: Bética, Lusitania, Tarraconensis, Cartaginensis, Gallaecia y Balearica. Más tarde los Visigodos imponen una división provincial que es casi un calco de la romana.
La invasión musulmana inició un largo proceso de casi ocho siglos durante los cuales el “mapa de España” está sometido a continua transformación, como resultado de la Conquista, Reconquista y las complejas relaciones entre Al-Andalus y los diferentes reinos cristianos y el mapa peninsular se complicará aún más tras la disgregación del Califato, cuando a la diversidad de reinos cristianos se suma la variedad de reinos de taifas en territorio musulmán.
El reinado de los Reyes Católicos se ha venido considerando como el inicio definitivo de la unidad de España, pero ello es muy matizable. Cada reino conservó sus Cortes e instituciones, su moneda… y, tras la muerte de Isabel, sólo razones dinásticas explican que ambos reinos volvieran a unirse bajo el emperador Carlos. Poco después Felipe II tuvo que enviar tropas castellanas a Aragón para acabar con el nacionalismo.
Entre los siglos XVI y XVII la estructura político-territorial de España seguía sin ser unitaria. Castilla, Aragón y Navarra mantuvieron sus instituciones (dentro de la Corona de Aragón se repetía la situación entre los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca) y continuaba la multiplicidad de jurisdicciones y privilegios forales.
La situación cambia con la llegada de los Borbones. Los decretos de Nueva Planta suprimieron las leyes e instituciones propias del reino aragonés e implantan un modelo centralizado, lo que lleva a modificaciones en el diseño territorial (ver mapa).
No será hasta 1833 cuando se produzca la definitiva desaparición de los reinos como entidades administrativas. Entonces,Javier de Burgos creó la aún vigente división provincial (49 provincias que se convirtieron en 50 en 1927 al dividirse la de Canarias en dos).
Será en 1978 cuando, amparándose en el título VIII de la Constitución, se inicie la reordenación territorial que da al país el actual diseño autonómico, que realmente no introduce grandes cambios en el diseño territorial, ya que 11 de las 13 antiguas regiones permanecen invariables. Los principales cambios afectaron a Castilla la Vieja, que antes de unirse a León para formar Castilla-León, pierde Santander y Logroño, que pasan a crear las comunidades de Cantabria y La Rioja. De Castilla La Nueva se separó Madrid, que quedó también configurada en comunidad uniprovincial, aunque la pérdida se compensó con la incorporación de Albacete, a su vez, desgajada de Murcia, que quedó también como Comunidad autónoma uniprovincial.
2. Las Comunidades Autónomas y regiones.
La estructura de España en CC.AA. se recoge en la actual Constitución. Una comunidad autónoma es una entidad territorial dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes.
Desde mediados del XIX se buscará romper el centralismo administrativo, optándose entre el federalismo y la autonomía, aunque será a finales del XIX cuando empiecen a manifestarse los regionalismos o nacionalismos. Estos identificarán, como los románticos, nación y pueblo, y mitificarán su historia, sus leyes y fueros, sus costumbres, su lengua, etc. hasta desarrollar un movimiento político denominado nacionalismo periférico porque se materializó en algunas regiones periféricas: Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, fundamentalmente.
Los nacionalismos comienzan proponiendo que sus regiones tengan autonomía de gobierno frente al poder central y, hacia 1913, se acepta que las provincias puedan mancomunarse, cosa que aprovechan Cataluña, País Vasco, Asturias..., pero la dictadura de Primo de Rivera corta el proceso.
La Constitución de la segunda República reconoció el derecho a la autonomía, pero el proceso fue lento. Se presentan numerosos proyectos de estatutos de autonomía (Cataluña, País Vasco, Aragón, Galicia, Andalucía...) pero sólo se aprobaron el catalán y el vasco, este ya en plena guerra civil y sin ninguna consecuencia real.
El régimen de Franco eliminó cualquier posibilidad de autonomía, por lo que con la transición democrática el problema de la estructura de España volvió a aparecer. La Constitución de 1978 intentó resolverlo en el título VIII, donde España se define como un Estado plurinacional y se reconoce el derecho a la autonomía de las regiones, marcando cual debía ser el proceso de acceso a la misma. Tras este proceso se establece la existencia de 17 autonomías.
La Constitución establece que las comunidades tienen competencias exclusivas en diversos asuntos: políticas (organizar sus instituciones de autogobierno); económicas (agricultura, ganadería, pesca, comercio…); en infraestructuras y transportes (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos…) y en ordenación del territorio (urbanismo, medio ambiente y vivienda); sociales, sanitarias y culturales, deportivas y de ocio (museos, bibliotecas, turismo, etc.).
Al generalizarse las autonomías la provincia perdió la importancia que antes tenía y se convirtió en el ente que agrupa a los municipios, a la vez que se revalorizaban las comarcas en el interior de cada autonomía, al quererse potenciar el valor económico o turístico de comarcas que hasta ahora habían sido infravaloradas. En algunas CC.AA., como Cataluña, las comarcas tienen poder administrativo, mientras que en otras, como Andalucía, son denominaciones de zonas geográficas con características físicas comunes.
El estado de las autonomías ha venido a introducir un mayor variedad geográfico-política: Comunidades de 9 provincias a otras uniprovinciales, algunas de gran extensión y otras minúsculas, interiores, periféricas, insulares, muy pobladas o poco pobladas, equilibradas en sus recursos o desequilibradas.
3. Desequilibrios regionales.
3.1. Contrastes regionales.
La simple visión del mapa autonómico nos muestra grandes contrastes: comunidades muy pequeñas frente a otras que superan en tamaño a Portugal (Castilla-León); comunidades uniprovinciales y otras que reúnen 8 o 9 provincias (Andalucía y Castilla-León).
Las CC.AA. litorales disponen de mejores condiciones geográficas y mayores recursos (costas, climas, suelos…), lo que ha favorecido el desarrollo de determinadas actividades (industria, turismo, agricultura intensiva…), estimulado su crecimiento demográfico y potenciado su desarrollo económico.
Por contra las comunidades interiores –a excepción de Madrid- presentan peores condiciones naturales: climas continentalizados, orografía compleja, suelos de poca calidad… Por eso suelen ser las zonas menos densamente pobladas y las peor dotadas de infraestructuras y tejido industrial.
En este panorama tienen mucho que ver la historia y determinadas decisiones de carácter político, pero también los factores geográficos naturales. Todos estos factores, entrecruzados, han creado importantes desequilibrios, evidentes en los capítulos demográfico, económico y social
3.2. Desequilibrios demográficos. La población se distribuye muy desigualmente sobre el territorio. La densidad media para España es de 93 hab/Km2, pero con grandes diferencias entre comunidades y provincias: De los más de 750 hab/Km2 de Madrid a los 25 de Castilla-La Mancha.
Hay un fuerte contraste entre un litoral muy poblado y un interior semivacío. La prueba es que casi la mitad de la población se concentra en sólo 4 CC.AA: Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia; mientras en la España interior hay grandes zonas con bajas densidades. Las fuertes densidades de la periferia se acentúan sobre todo en las CC.AA. mediterráneas y las principales islas, frente a las que encontramos un progresivo vacío del interior, salvo en zonas como Madrid y su entorno y los ejes del Ebro y del Guadalquivir.
El contraste se da también en los comportamientos demográficos: Al mayor crecimiento natural de Murcia, Madrid, Andalucía… se opone el crecimiento negativo de la Cornisa Cantábrica, Galicia o Castilla-León
3.3. Desequilibrios económicos y sociales. El PIB por habitante y las tasas de actividad y paro reflejan muy bien las disparidades económicas y sociales entre regiones.
El PIB medio por habitante en 2013 era de unos 22.700 €. Mientras País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña… estaban muy por encima, otras CC.AA. como Extremadura o Andalucía no alcanzaban los 20.000 €
Si observamos la tasa de actividad (media del 59,4% en diciembre de 2013), la Comunidad que presentaba mayor tasa era Baleares (63%), seguida de Madrid, Canarias, Cataluña… (todas con más del 60%) Por contra Asturias apenas superaba el 52% y Castilla-León, Galicia y Extremadura se situaban por debajo del 55%
Idénticos contrastes encontramos respecto a la tasa de paro. Mientras Andalucía (36,3%), Extremadura, Canarias o Castilla-La Mancha superaban el 30% (EPA de diciembre del 2013), País Vasco o Navarra están por debajo del 20% y La Rioja, Cantabria, Aragón, Madrid o Galicia estaban por debajo del 22%.
4. Políticas regionales y de cohesión.
Los desequilibrios regionales, al menos en materia industrial, ya intentaron ser corregidos por los Planes de Desarrollo del franquismo, que pueden considerarse el antecedente de las políticas regionales.
Más tarde, la creación del Estado de las Autonomías ponía de relieve las diferencias económicas entre unas comunidades y otras y la necesidad de reducirlas, lo que, a partir de nuestro ingreso en la U.E. en 1986, habría de hacerse ciñéndose a las normativas comunitarias.
Actualmente la política regional del estado se aplica a través de cuatro instrumentos: los fondos estructurales del la U.E., los de cohesión, los de compensación interterritorial y los incentivos regionales.
4.1. Los Fondos Estructurales de la U.E. Fueron creados con el objetivo de fomentar el empleo y la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores. El primero en crearse fue el Fondo Social Europeo (FSE), después el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) y finalmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
En 1987 se aprobó el Acta única Europea, que reforma los fondos estructurales con nuevos objetivos: Fomentar el desarrollo de las regiones menos desarrolladas; combatir el paro de larga duración a través del FSE; acelerar la adaptación de las estructuras agrarias y fomentar el desarrollo de las áreas rurales y reconvertir las regiones afectadas por el declive industrial.
4.2. Los Fondos de Cohesión. Creados en 1992 por el tratado de Maastricht, pretenden reducir los desequilibrios económicos y sociales de la U.E. Estos fondos se adjudicarían a países que tengan un PIB per cápita inferior al 90% de la media comunitaria, pero las sucesivas ampliaciones de la U.E. los limitó a las regiones de menor nivel, las regiones de objetivo 1; en el caso de España: Andalucía, Extremadura y Galicia.
El mayor desarrollo de España, junto al menor nivel de renta de algunos nuevos socios comunitarios, ha hecho que se reduzcan los fondos de cohesión para España que, de esta manera, acabará convirtiéndose en contribuyente neto de estos fondos (aportará más de lo que recibe).
4.3. Los Fondos de Compensación interterritorial. El artículo 2 de nuestra Constitución establece el principio de solidaridad entre las regiones del Estado. Aplicando dicho principio y con el objetivo de corregir los desequilibrios regionales en 1980 se creó el Fondo de Compensación Interterritorial que, desde nuestro ingreso en la U.E., debe coordinarse con los Fondos Estructurales, por lo que acabó beneficiando sólo a las comunidades catalogadas como Objetivo 1.
4.4. Los Incentivos Regionales. Son ayudas financieras que concede el estado para fomentar la actividad industrial y van dirigidas a zonas concretas. Debe ser la U.E. la que autorice dichos incentivos, al objeto de que se respete el principio de libre competencia.
Los sectores prioritarios para recibir incentivos son las industrias mineras y transformadoras, las agroalimentarias, la acuicultura, estructuras comerciales, alojamientos turísticos, etc. Por su parte, las regiones más beneficiadas por los incentivos regionales han sido Andalucía, ambas Castillas, Galicia y Asturias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.