Lawfare español not is diferent

El caso de Lula da Silva en Brasil es el ejemplo perfecto de "lawfare": acabó en la cárcel en 2018 por cargos de corrupción que le impidieron competir en las elecciones pero, luego, el Tribunal Supremo anuló las condenas por la parcialidad e irregularidades en el proceso. El "trabajo ya estaba hecho". Procesos similares de "guerra jurídica" vimos también contra Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Gustavo Petro o Evo Morales. El modus operandi es siempre el mismo: operaciones desarrolladas al unísono por parte del poder judicial, la cúpula del ministerio fiscal y la policía judicial, con el apoyo incondicional de grandes medios del país y -que curioso- la colaboración de diversas agencias del Gobierno de EEUU. ¿A qué me suena a mi esto?. Aquí hay un interés evidente por derribar al presidente del gobierno, sea como sea. La técnica de lawfare aplicada en América Latina y que parecen seguir también los jueces en España, consiste en la apertura de juicios a partir de informes policiales indiciarios y confusos –o directamente poco fiables– cuyos autos de acusación por lo general carecen de pruebas determinantes de los delitos de que acusan, mientras que están repletos de afirmaciones rimbombantes de culpabilidad desde sus primeras líneas. La filtración a medios de comunicación afines de dichos informes policiales y autos judiciales, la participación de instituciones internacionales en las investigaciones o el sensacionalismo de las diligencias de entrada y registro, son usadas hasta la saciedad. Se establecen, además, conclusiones urgentes de culpabilidad a partir de meros indicios, optando por juicios inquisitoriales basados en suposiciones, de la Policía Federal, en Brasil, o de la UCO o la UDEF, en España. Para los interesados en que los procesos prosperen, el resultado final es lo de menos, pues saben que la "pena de telediario" desgasta más al adversario. Tampoco importan salvaguardas procesales como el principio contradictorio, la presunción de inocencia, el debate entre las partes, o la garantía de un juez imparcial. No, qué va. La culpabilidad está previamente decidida y el objetivo es crear un clamor de venganza en la sociedad que lleve indefectiblemente a la condena moral y política del acusado. En el proceso penal del espectáculo, el uso de la suposición prevalece en detrimento del conocimiento, el discurso usado tiene por objetivo agradar a las masas receptivas, los hechos son presentados con tintes sensacionalistas, como un duelo entre el bien y el mal y, para atender a los deseos de la audiencia, el juez puede castigar a "los malos". El objetivo es obtener una condena anticipada a través del shock social. El partido de Podemos fue laminado políticamente a partir de 33 querellas judiciales contra él o sus principales dirigentes. Hasta 2023 el Tribunal Supremo ha archivado un total de 29 querellas y las que siguen abiertas correrán la misma suerte. Pero el trabajo ya está hecho. Hoy Podemos está amortizado, igual que Baltasar Garzón, igual que el ex Fiscal general del Estado. Pronto lo estarán también Zapatero y Sánchez.