Juanmita

Juanma, Moreno, había dicho que no quería formar gobierno con Vox. Como otros presidentes autonómicos del PP que presumían de tener principios -¿verdad, señora Guardiola?-, Moreno, para seguir siendo presidente, refutó lo que hasta ahora sostenía e hizo justo aquello que él consideraba "irrazonable, insensato e incomprensible para la ciudadanía": darle a Vox un puesto en el gobierno. Y no cualquier cosa. Moreno, que piensa que los andaluces son tontos -solo así puede explicarse que le voten-, para que parezca que ha dado a Vox menos de lo que le ha dado, lo ha concentrado en una consejería "múltiple" con rango de vicepresidencia. Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, gestionará la cartera regional de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Y, por supuesto, la "prioridad nacional". Para echarse a temblar. Vox quiere destruir los avances conseguidos en los últimos años y retrotraernos al pasado. Cree que gran parte de las normas aprobadas a lo largo de las últimas décadas en España han provocado un "empobrecimiento generalizado" del país. (todo lo contrario de lo que dicen los datos y demuestra la realidad) y, por ello, aboga por una "desregulación integral" mediante la derogación de leyes. Vox propone, por ejemplo, "aligerar" el funcionamiento de la administración pública. O lo que es lo mismo, podar lo público para favorecer al sector privado. "Lo que no sea estrictamente necesario, se suprime", dicen. Los funcionarios andaluces deberían empezar a atarse los machos. Propone la formación de "mesas sectoriales de desregulación", con inexcusable presencia de asociaciones empresariales, colegios profesionales y representantes de la sociedad civil "productiva". Es decir, barra libre a los empresarios. Vox se compromete a "derogar tres normas por cada una que se apruebe", es decir, instaurar por decreto la ley del más fuerte. O el más rico. En concreto, los de Abascal identifican como prioritaria la supresión de ocho normas estatales: la ley de vivienda, la de cambio climático y transición energética, la reforma laboral, la que regula el régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la de movilidad sostenible y parte de la de igualdad. No tiene pérdida. Ahí están todas las obsesiones de la ultraderecha. Ahí está su declaración de guerra contra cualquier norma de vivienda con trasfondo social, contra los derechos de los trabajadores, contra las políticas de igualdad o contra cualquier norma destinada a combatir un cambio climático que, estos engañabobos, siguen negando. Hace dos meses, la "prioridad nacional" era para Moreno una promesa de ilegalidad que hacía la extrema derecha populista y que él denunciaba con vehemencia. Hoy ha pasado a ser el compromiso firme de Juanma.