¡Que viene el Papa!

El Papa está en España, ese país donde -en contra de lo que pueda parecer- apenas el 55% de la población adulta se identifica hoy como católica. De ellos, menos de un 20%. se declaran católicos practicantes frente al 27,7 que se definen como ateos o agnósticos. Pero la cobertura mediática y el interés político despertado parecen indicar lo contrario. Pareciese que seguimos siendo, como solía señalar la propaganda franquista, la guía espiritual de occidente. ¡Viaje histórico!, proclaman los periodistas de menguado vocabulario e ideas pret a porter. Recibimos a León XIV como jefe espiritual y jefe de estado. Y le abrimos las puertas del Parlamento, la sede de la soberanía nacional, para que el pontífice lo utilizará como púlpito para vocear la doctrina de una institución religiosa en un Estado supuestamente aconfesional según la Constitución española. ¡Ya!. El discurso papal -no es su culpa- traspasó los límites de la cortesía diplomática para convertirse en una injerencia directa en asuntos legislativos. Bajo un tono aparentemente conciliador, el Papa se atrevió a señalarnos “límites morales” basados en dogmas religiosos y en una supuesta "ley natural" que la Iglesia católica reclama como propia. Ya sabemos: el derecho a la vida, las decisiones sobre la propia muerte, el modelo de familia... Pero sólo recuerdo que la Iglesia se ha opuesto histórica y sistemáticamente a avances sociales como la anticoncepción, el divorcio, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia. Me inquieta la incoherencia que supone que un Parlamento que ha impulsado la igualdad de género rinda honores al líder de una institución que excluye estructuralmente a las mujeres y patrocina un "machismo institucionalizado", un Estado teocrático donde ninguna mujer puede acceder al pontificado, ni a la curia, ni tan siquiera al sacerdocio. Una institución que, todavía hoy, tolera que los más intolerantes, sigan citando desde los púlpitos textos bíblicos para justificar la obediencia y silencio a las mujeres. Y me indigna que se le rinda pleitesía desde el estado a quien defiende el secreto de confesión como una exigencia de mantener el sigilo sacramental por encima de las obligaciones con la justicia en casos de abusos sexuales. Eso en un país donde, según un informe del defensor del pueblo, unas 445.000 españoles habrían sido víctimas de la pederastia en la Iglesia. En 2018 la jerarquía eclesiástica sólo admitía 4 casos. Pero, mientras el pontífice no dudó en utilizar un tono beligerante para censurar las leyes civiles del país que lo acoge, pasó de puntillas, con una frialdad y una tibieza desoladoras, sobre la herida sangrante y abierta de la pederastia institucionalizada dentro de los sectores religiosos. ¡Histórico!