En los dos últimos años, distintos altos jefes policiales en Madrid, Baleares, Murcia, Galicia y Castilla y León han sido detenidos por sus vínculos con el narcotráfico. Sí, con esas mafias que "matan" a guardias civiles en acto de servicio. Estoy esperando que alguien de la jauría mediática titule una de sus columnas de opinión o hable en una tertulia de la corrupción de las fuerzas de seguridad del Estado de este país. Hace unos meses, Vaticano News, el portal oficial de información de la Santa Sede afirmaba: "La peor crisis de la Iglesia no ha sido provocada por la oposición secular, sino por la propia corrupción eclesiástica". La corrupción en la Iglesia católica abarca desde escándalos financieros y de blanqueo de capitales hasta la peor de las corrupciones morales: la ligada a la práctica -continuada y multitudinaria- y el encubrimiento institucional de abusos sexuales. Sigo esperando que Abogados Cristianos presente su primera querella ante la Fiscalía Anticorrupción por algunos de los numerosos casos de corrupción de su Iglesia. O que los partidos de las derechas exijan la dimisión de los responsables eclesiásticos o de sus superiores. El PP fue el primer partido en el Gobierno -y hasta ahora el único- condenado por corrupción. La Audiencia Nacional entendió que ese partido se enriqueció "en perjuicio de los intereses del Estado". No sólo se financió, se "enriqueció". El PP acumula más casos de corrupción, el volumen de "sus" casos es superior al de cualquier otro partido, el impacto sobre las infraestructuras públicas y los servicios públicos es descomunal en comparación con los de otros. En comunidades como la valenciana lo del PP ha sido una fiesta del lucro organizada en torno a lo público. Pero esa trayectoria del PP como vector corruptor de la política española, de muchas maneras, da completamente igual a efectos prácticos. Sin apenas haber tocado poder, las cuentas de Vox se han convertido en un agujero opaco donde confluyen sobresueldos, transferencias millonarias de oscuro origen, sanciones por financiación irregular, pagos cruzados y una red de fundaciones que apestan a corrupción. Olona, García Gallardo, Ortega Smith..., todos los expulsados denuncian lo mismo. Pero la corrupción de la derecha tiene un recorrido corto en el campo del escándalo social. Ello tiene que ver con la composición de clase de la alta magistratura, y la comprensión del poder que los sectores conservadores concentrados en la galaxia PP-Vox comparten con la mayoría de los titulares de los grandes tribunales y del sindicato corporativo de jueces, el llamado Consejo General del Poder Judicial. Tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación, indefectiblemente asociada a la derecha y con el reparto del dinero de la publicidad institucional con criterios de clientelismo que hace el PP. Y no olvidemos el artificial crédito otorgado a determinados órganos de investigación policial, escorados sin complejos a perseguir sin descanso cualquier actividad "dudosa" de la izquierda, mientras silban ante clamorosos casos de corrupción que afectan a la derecha política. La UCO y su discrecionalidad dan testimonio del poder de los uniformes para generar estados de ánimo sociales. Así, se toma la corrupción o la corruptela como un simple pretexto, una coartada de tipo moral para una operación de acoso y derribo. Se trata de apartar a los que no me gusta que gobiernen -sean o no corruptos- para que gobiernen los míos, aunque sean unos corruptos.
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