Justicia y cachondeo

Guía para entender el juicio al Fiscal General del Estado. Todo empieza cuando -otra vez- pillan a alguien del círculo "familiar" de Ayuso con el carrito del helado. Esta vez es a su novio, acusado de fraude fiscal, emisión de facturas falsas, corrupción en los negocios, delito continuado contable -junto a otros cuatro empresarios-, organización criminal y administración desleal. Ayuso, inmediatamente y como forma de defensa de su pareja, dice que es una "operación política" organizada por el gobierno para "atacarla a ella". Ya sabemos, victimismo fake para tapar tu mierda. Para apoyarla, M.A. Rodríguez, su jefe de gabinete, difunde un bulo (demostrado) sobre un supuesto pacto ofrecido por la Fiscalía al "noviete". Acto seguido aparece un documento que demuestra la falsedad de lo afirmado por M.A.R. La reacción del entorno de Ayuso es acusar -por suposiciones- al Fiscal General de Estado de haber filtrado dicho documento a distintos medios de comunicación. El "problema" es que dicho documento circulaba ya días antes y libremente entre redacciones de varios medios nacionales. Más de 400 periodistas podrían haber tenido acceso a su contenido. Distintos periodistas del medio que primero lo publicó, dicen que no hubo un único origen ni una “filtración dirigida”. Ni uno solo de los periodistas que han declarado en el juicio han dicho que el documento les llegase del entorno del Fiscal General. Por contra, si han apuntado a la Fiscalía de Madrid, dirigida por Almudena Lastra, la fiscal favorita de la derecha, experta en dar carpetazo a cualquier denuncia contra lo sucedido con la muerte de más de 7000 ancianos en las residencias de Ayuso. El principal soporte de la acusación contra el Fiscal General es el informe de la UCO, que, entre otras cosas, se sabe que acortó una conversación entre dos colaboradores para reconducir su acusación sobre el fiscal general. O cuyos agentes han declarado en el Supremo que "no sabían qué buscaban en su registro del despacho del Fiscal" y que se llevaron más información de la autorizada. La UCO que ve "indicios" en el borrado periódico de móviles y ordenadores pero no concluyó nada tras certificar la destrucción de discos duros en la sede del PP. Y, por último, al Fiscal General le están juzgando con el "juez de Rajoy y la fiscal de Ayuso". En fin, un ejemplo de primero de lawfare. Y decía Pacheco que la justicia era un cachondeo...